La experiencia de los últimos treinta años ha enseñado que los riesgos y amenazas a la seguridad del Estado mexicano no se limitan a la corrupción, al crimen organizado, al secuestro o a la subversión.
Existen otros obstáculos que ponen en riesgo la estabilidad del Estado como el cambio climático, la desertificación, los flujos migratorios desordenados, las pandemias, las plagas y enfermedades de animales y plantas, el tráfico de sustancias duales, el tráfico de personas y el desarrollo de productos de alta tecnología en materia militar, entre otros.
Esta Iniciativa tiene como objetivo actualizar el ordenamiento jurídico mediante una Ley de Seguridad del Estado, por lo que es indispensable dotar de esa atribución al Congreso de la Unión.