Propuse la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales de niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas y privadas de educación básica para hacer frente a la red de abuso sexual infantil que ha denunciado la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en su informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”.
En dicho documento se revelan casos de explotación infantil en 18 instituciones públicas y privadas de por lo menos siete entidades federativas: Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos, Baja California, Ciudad de México y Jalisco.
El delito -en el que participaron maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia- fue cometido en contra de niños de entre tres y siete años de edad.
Según el reporte de la ODI, los casos que se analizan no son hechos aislados, sino que se tratan de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetrados de manera masiva